La reforma educativa en diciembre de 2012
 
 

VICENTE BELLO

El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto fue ungido como presidente de México por el Congreso de la Unión. El 10 de diciembre de ese mismo año turnó a la Cámara de Diputados una iniciativa de diversas reformas constitucionales en la materia educativa. El día 13, la Comisión de Puntos Constitucionales dictaminó aprobatoriamente la propuesta presidencial, y el miércoles 19 de ese mismo mes el Pleno de los 500 diputados la discutió y aprobó durante la noche, y madrugada del jueves 20.

Esta reforma es la que hoy está convertida en una estaca atravesada en el hígado no sólo de Peña Nieto, sino también de los actuales candidatos presidenciales de los partidos que la insuflaron y aprobaron a matacaballo: José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya del PAN.

Por cierto, Ricardo Anaya era el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y fue uno de los 351 diputados que la aprobaron.

Aquella que dieron priístas, panistas y el gobierno de Peña en llamar una reforma educativa, desde entonces ha sido objeto de mucha polémica y muchísima movilización social. Ha habido desde entonces paros, manifestaciones, plantones, y también despidos masivos de profesores en diversas partes del país, e incluso asesinatos, como los que ocurrieron en Nochixtlán, Oaxaca, en 2016, cuando profesores se manifestaban en contra de la reforma educativa.

Ayer mismo, 15 de mayo de 2018, Día de los Maestros, ha ocurrido un encontronazo entre el gobierno de Peña Nieto y el magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Común denominador de este conflicto es la reforma educativa, a la que los mentores acusan de ser no un mecanismo de mejoramiento del sistema educativo nacional sino un mero y absoluto instrumento de control político y laboral contra el magisterio, cuya matrícula casi llega al millón 200 mil maestros en todo el país.

De la implantación a ultranza de esta reforma, también hubo detenciones como la de la maestra Elba Esther Gordillo, quien ayer mismo, a través de su abogado, se ha declarado presa política y dijo que demandará la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual ha acusado al gobierno de Peña Nieto de represor y violentador de sus derechos humanos.

Pero, ¿cómo inició todo esto? Comenzó aquella noche del miércoles 19 de diciembre de 2012, cuando en la tribuna de San Lázaro el entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y diputado federal perredista Julio César Moreno Rivera,  justificaba: “En la actualidad en México no existe una política integral que regule la carrera docente”.

Iniciaba su discurso en medio de un gran enojo de la oposición (una facción del PRD afín a Andrés Manuel López Obrador, que terminó por desprenderse de ese partido para formar al actual Movimiento de Regeneración Nacional, Morena). Enojo porque para aprobar el dictamen tuvieron los priístas y panistas que destrozar todos los procedimientos legislativos).

Moreno Rivera siguió: “El Estado mexicano se encuentra ante la responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos idóneos para estructurar una política educativa que transforme el sistema educativo actual, resolviendo y enfrentando los problemas que le aquejan con la finalidad de dar un paso adelante en el desarrollo de la educación.

“… En concreto, la presente reforma constitucional se refiere en dos fracciones del artículo 3o constitucional, se adiciona el párrafo segundo de la fracción III para establecer las bases para la creación de un servicio profesional docente, con lo que se pretende consolidar la educación pública de calidad. Se fijan los procedimientos y mecanismos objetivos para el ingreso, promoción, permanencia en el servicio educativo a través de un concurso de oposición.

“Para facilitar la movilidad en el sistema educativo se incorporan al servicio profesional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado. Se adiciona la fracción IX al artículo 3º  de la Carta Magna para transformar el ya existente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio con la finalidad de alcanzar una plena coordinación entre las autoridades educativas federales y locales.

“En este sentido, a este instituto le corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional desde el nivel preescolar hasta el medio superior. El instituto deberá realizar las siguientes funciones:

“Diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del sistema. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas del gobierno federal y local para llevar a cabo las funciones de evaluación que le corresponden.

Generar y difundir información y con base en ésta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social”.

Era la justificación de una reforma educativa que los críticos a ella en realidad consideraban una reforma laboral contra el magisterio.  

Entonces fue el turno de Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Mc, el primero de muchos que han desfilado oponiéndose a la reforma de marras: “Nos parece que en aras de privilegiar el impacto mediático de esta reforma, se han atropellado las formas y la legalidad implícita en todo proceso legislativo. Estamos en contra de esta reforma educativa, pero estamos a favor de una reforma a la educación de fondo, genuina, sin cortapisas y sin atender presiones de grupos de interés”…

Así comenzaba todo. (Continuará)

 
 
17 Jul 2018
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